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Hay noticias que no cambian titulares durante semanas, pero que cambian vidas. La aprobación en el Congreso de una reforma del Código Penal que convierte en delito las mal llamadas «terapias de conversión» es una de ellas. A partir de ahora, intentar «corregir» o «modificar» la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de una persona podrá castigarse con penas de prisión de seis meses a dos años, antecedentes penales e inhabilitación profesional.

En Generación o2 acompañamos cada día a personas LGTBIQ+, con especial atención a las personas trans, y sabemos que detrás de estas prácticas no hay «terapia» de ningún tipo: hay sufrimiento, culpa inducida y un daño que a veces tarda años en repararse. Por eso celebramos esta reforma como lo que es, un avance concreto para proteger la dignidad y la salud de nuestra comunidad.

Qué cambia exactamente con la nueva ley

Hasta ahora, la Ley 4/2023 ya prohibía expresamente las pseudoterapias de conversión en España, pero solo las castigaba con sanciones administrativas. En la práctica, algunas organizaciones que las promovían pagaban la multa y seguían con su actividad. La reforma aprobada por el Congreso cierra esa puerta: convierte la conducta en delito penal, con consecuencias reales para quienes la ejercen o la organizan.

No es un matiz menor. Muchas de estas prácticas se sostienen, según ha denunciado el movimiento LGTBI+, gracias al apoyo de redes y estructuras con financiación propia, capaces de asumir una multa administrativa sin inmutarse. La vía penal introduce un límite mucho más firme y un mensaje claro: no es un asunto de sanción menor, es una cuestión de derechos humanos.

La comunidad científica y los organismos internacionales llevan años señalando el camino. Naciones Unidas considera estas prácticas una forma de tortura, su Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha pedido de forma reiterada su prohibición global, y la Asociación Mundial de Psiquiatría alerta de daños graves para la salud mental de quienes las sufren. Poner el Código Penal del lado de esa evidencia es, sencillamente, hacer justicia.

La medida llega además tras años de trabajo colectivo. La Federación Estatal LGTBI+, junto a otras organizaciones, impulsó una Iniciativa Ciudadana Europea que reunió más de un millón de firmas para pedir la prohibición de estas prácticas en toda la Unión. Aunque la respuesta europea de momento se ha quedado en una recomendación prevista para 2027, España ha decidido dar el paso con su propia legislación.

Como resumió la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, «esta ley supone un paso más en la protección de la dignidad y la integridad de las personas LGTBI+».

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Qué significa para nuestra comunidad

Para quienes acompañamos a personas LGTBIQ+, esta ley es una herramienta más de cuidado. Nos permite decir, con la ley en la mano, que nadie tiene que someterse a ningún proceso para «dejar de ser» quien es, y que existir fuera de la norma no es un problema que haya que arreglar. Es también un respaldo para las familias que, ante la presión o el desconocimiento, buscan orientación: la respuesta nunca es intentar cambiar a la persona, sino acompañarla.

Al mismo tiempo, sabemos que una ley no elimina por sí sola el odio ni la desinformación. Los avances legales conviven con un aumento preocupante de las agresiones y de los discursos de odio, y por eso el trabajo diario de acompañamiento, escucha y comunidad sigue siendo imprescindible. Celebramos este paso, y lo tomamos como un impulso para seguir tejiendo espacios donde cada persona pueda vivir en libertad y con dignidad.