Su identidad, por fin en sus papeles: un nuevo protocolo para personas trans extranjeras

En Generación o2 trabajamos cada día con personas para quienes un papel puede marcar la diferencia entre existir con dignidad o quedar en los márgenes. Lo vemos en nuestro acompañamiento a personas vulnerables y en nuestro trabajo con la comunidad LGTBIQ+, con foco en las personas trans. Por eso celebramos las noticias que hacen que un derecho reconocido en el papel se vuelva, por fin, real en la ventanilla.

Esta semana llega una de esas noticias. El Ministerio del Interior ha aprobado un protocolo para que las personas extranjeras puedan rectificar su sexo y su nombre en los documentos que expide la Policía Nacional. Es un paso pequeño en apariencia, pero enorme para quien lleva años viviendo con una documentación que no dice quién es.

Qué ha pasado

La Ley 4/2023, la llamada ley trans, ya reconocía el derecho de las personas trans extranjeras a adecuar su documentación en España cuando su país de origen no se lo permite. El problema es que ese derecho no tenía un camino claro: no estaba definido a qué oficina había que acudir ni cómo tramitarlo, y en la práctica muchas personas se topaban con una puerta cerrada.

El protocolo publicado en la Orden General de la Policía resuelve esa laguna. Contempla dos situaciones: cuando la persona no ha podido hacer el cambio en su país de origen, la Brigada de Extranjería solicitará a Exteriores un informe que acredite esa imposibilidad y, confirmada, se emitirá el nuevo documento; y cuando el cambio ya se hizo en el país de origen, basta con presentar el pasaporte o título de viaje en vigor que lo acredite.

La medida alcanza a nueve tipos de documentos, entre ellos la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) y el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión Europea. El cambio llega tras el señalamiento sostenido de los colectivos, un requerimiento del Defensor del Pueblo y una sentencia de junio de 2026 que obligó a la Administración a atender el caso de una persona trans migrante cuyo país de origen le impedía el cambio registral.

Como resume El Salto, el protocolo «viene a solventar un problema que colectivos y personas migrantes venían señalando» desde hacía más de dos años. Detrás de cada trámite hay una vida esperando.

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Qué significa para nuestra comunidad

La intersección entre ser persona trans y ser persona migrante es uno de los territorios más invisibles. Hablamos de gente que a menudo ha dejado atrás su país precisamente porque allí no podía vivir con seguridad, y que al llegar se encuentra con una documentación que la contradice cada vez que la muestra. Que el Estado ordene el camino para corregir eso no es un tecnicismo: es reconocer que su identidad importa.

Desde Generación o2 seguiremos acompañando a quienes recorren estos procesos, porque la igualdad se construye tanto en las leyes como en el trato cotidiano. Un documento que por fin te nombra bien es también una forma de cuidado. Y de eso, en el fondo, va todo nuestro trabajo.

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Una ley que protege la dignidad: España castiga ya las mal llamadas «terapias de conversión»

Hay noticias que no cambian titulares durante semanas, pero que cambian vidas. La aprobación en el Congreso de una reforma del Código Penal que convierte en delito las mal llamadas «terapias de conversión» es una de ellas. A partir de ahora, intentar «corregir» o «modificar» la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de una persona podrá castigarse con penas de prisión de seis meses a dos años, antecedentes penales e inhabilitación profesional.

En Generación o2 acompañamos cada día a personas LGTBIQ+, con especial atención a las personas trans, y sabemos que detrás de estas prácticas no hay «terapia» de ningún tipo: hay sufrimiento, culpa inducida y un daño que a veces tarda años en repararse. Por eso celebramos esta reforma como lo que es, un avance concreto para proteger la dignidad y la salud de nuestra comunidad.

Qué cambia exactamente con la nueva ley

Hasta ahora, la Ley 4/2023 ya prohibía expresamente las pseudoterapias de conversión en España, pero solo las castigaba con sanciones administrativas. En la práctica, algunas organizaciones que las promovían pagaban la multa y seguían con su actividad. La reforma aprobada por el Congreso cierra esa puerta: convierte la conducta en delito penal, con consecuencias reales para quienes la ejercen o la organizan.

No es un matiz menor. Muchas de estas prácticas se sostienen, según ha denunciado el movimiento LGTBI+, gracias al apoyo de redes y estructuras con financiación propia, capaces de asumir una multa administrativa sin inmutarse. La vía penal introduce un límite mucho más firme y un mensaje claro: no es un asunto de sanción menor, es una cuestión de derechos humanos.

La comunidad científica y los organismos internacionales llevan años señalando el camino. Naciones Unidas considera estas prácticas una forma de tortura, su Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha pedido de forma reiterada su prohibición global, y la Asociación Mundial de Psiquiatría alerta de daños graves para la salud mental de quienes las sufren. Poner el Código Penal del lado de esa evidencia es, sencillamente, hacer justicia.

La medida llega además tras años de trabajo colectivo. La Federación Estatal LGTBI+, junto a otras organizaciones, impulsó una Iniciativa Ciudadana Europea que reunió más de un millón de firmas para pedir la prohibición de estas prácticas en toda la Unión. Aunque la respuesta europea de momento se ha quedado en una recomendación prevista para 2027, España ha decidido dar el paso con su propia legislación.

Como resumió la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, «esta ley supone un paso más en la protección de la dignidad y la integridad de las personas LGTBI+».

Leer la noticia completa en FELGTBI+ →

Qué significa para nuestra comunidad

Para quienes acompañamos a personas LGTBIQ+, esta ley es una herramienta más de cuidado. Nos permite decir, con la ley en la mano, que nadie tiene que someterse a ningún proceso para «dejar de ser» quien es, y que existir fuera de la norma no es un problema que haya que arreglar. Es también un respaldo para las familias que, ante la presión o el desconocimiento, buscan orientación: la respuesta nunca es intentar cambiar a la persona, sino acompañarla.

Al mismo tiempo, sabemos que una ley no elimina por sí sola el odio ni la desinformación. Los avances legales conviven con un aumento preocupante de las agresiones y de los discursos de odio, y por eso el trabajo diario de acompañamiento, escucha y comunidad sigue siendo imprescindible. Celebramos este paso, y lo tomamos como un impulso para seguir tejiendo espacios donde cada persona pueda vivir en libertad y con dignidad.

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Más de un millón de personas en las calles: el Orgullo 2026 vuelve a hacerse escuchar

Ayer, sábado 4 de julio, Madrid volvió a llenarse de banderas arcoíris. Las entidades organizadoras —la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+) y COGAM— calculan que más de un millón de personas recorrieron las calles de la capital bajo el lema «¡A las calles con Orgullo! Disidencia y resistencia», consolidando de nuevo la manifestación como la movilización LGTBI+ más multitudinaria de Europa.

En Generación o2 seguimos de cerca estas jornadas porque forman parte del terreno donde trabajamos cada día: el acompañamiento a personas LGTBIQ+, con especial atención a las personas trans. Ver las calles llenas no es solo una imagen bonita para las redes; es una medida real de hasta qué punto la sociedad civil sigue dispuesta a sostener derechos que, aunque estén en las leyes, no siempre se cumplen en el día a día.

Una marcha para celebrar y para seguir pidiendo

La cabecera de la manifestación reunió esta vez a activistas históricos, artistas y representantes institucionales caminando codo con codo, una imagen de respaldo transversal poco habitual. Junto a ellos, una segunda pancarta —convocada también por FELGTBI+— agrupó a más de veinte entidades sociales bajo un mismo mensaje: «¡Pacto de Estado contra los discursos de odio ya!», una propuesta que ya cuenta con una subcomisión de trabajo en el Congreso de los Diputados.

Las organizaciones convocantes remarcaron que el Orgullo de este año tenía un doble sentido: celebrar lo conseguido —matrimonio igualitario, leyes LGTBI+ estatales, avances que hace apenas una generación eran impensables— y, al mismo tiempo, insistir en lo que sigue pendiente. Entre las reivindicaciones concretas que se escucharon en la marcha estaban el reconocimiento legal de las personas no binarias, el respeto a la autonomía corporal de las personas intersex y medidas contra el sexilio, el fenómeno por el cual muchas personas LGTBIfóbicas se ven obligadas a abandonar su lugar de origen.

También se pidió que la Ley Estatal LGTBI+ se cumpla de forma efectiva en todo el territorio, incluidos los artículos que reconocen el derecho de las personas trans migrantes a ver reflejada su identidad en su documentación. Son detalles técnicos, sí, pero con un impacto muy concreto en la vida de las personas que acompañamos desde nuestro proyecto LGTBIQ+.

«Hoy las calles han vuelto a hablar con claridad.»
— Paula Iglesias, presidenta de FELGTBI+

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Lo que esto significa para nuestra comunidad

En nuestro trabajo diario con personas LGTBIQ+ —muchas de ellas jóvenes trans que están construyendo su identidad en contextos familiares o escolares que no siempre acompañan— jornadas como la de ayer funcionan como recordatorio de que no están solas. Un millón de personas en la calle es, entre otras cosas, un millón de razones para seguir adelante cuando el entorno cercano no ayuda.

Vernos representadas y representados en la calle, con nombre y apellidos, en instituciones y en colectivos sociales tan diversos como los que marcharon ayer, es parte del trabajo de fondo que después se traduce en un espacio seguro, una conversación sin miedo o una familia que empieza a entender. Desde Go2 seguimos poniendo nuestro granito de arena en ese camino, un acompañamiento a la vez.

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